La Unión Europea sigue siendo un refugio para los empresarios españoles en época de crisis y con un euro fuertemente apreciado frente al dólar, lo que encarece sus exportaciones fuera de las fronteras europeas.

Pese a la apertura de las compañías a otros mercados emergentes, todavía el 66,8% de las ventas españolas al exterior se destinan a los 27 países que forman la Unión Monetaria. Esa fidelidad a los socios comerciales tradicionales, sin embargo, no está exenta de obstáculos; una de cada seis empresas tuvieron obstáculos comerciales en el mercado único europeo entre febrero de 2010 y abril de 2011, según el último informe del Ministerio de Industria. 

Los principales problemas se produjeron a la hora de cobrar sus ventas. Esto ha provocado un efecto negativo sobre la liquidez de las pymes y supone la financiación de los clientes a costa de los proveedores. La crisis ha hecho aumentar el retraso en el pago, que en algunos sectores como el vino o el aceite llega a los 120 días. También se detecta que los clientes recurren a reclamaciones como argumento para retrasar los pagos o, en determinados casos, incluso para negarse al pago de las facturas, argumentando defectos en los productos, incumplimiento de cláusulas contractuales, etc.

En éste sentido, gana importancia el disponer de un asesoramiento jurídico especializado en materia de comercio internacional para evitar éste tipo de situaciones. Es necesario disponer de condiciones generales de venta como proveedor, o redactar contratos de compraventa o distribución en los cuales la legislación y tribunales que diriman las cuestiones litigiosas sean los españoles, para evitar tener que realizar acciones judiciales en el extranjero, aunque en determinados casos ésta sea la única vía de resolución de los conflictos comerciales derivados del comercio internacional.